La decisión del presidente Castillo de acudir a la OEA y la de su Consejo Permanente de enviar al país a un grupo de alto nivel para hacer un análisis de la situación política ha servido, hasta cierto punto, de válvula de escape a la tensión acumulada por la crisis que vivimos. Una crisis tan permanente que ya parece la norma en el quehacer político institucional, más que la excepción.

El Tribunal Constitucional ha contestado al presidente del Congreso, Williams, que no hará una interpretación del artículo 117 de la Constitución como este solicitó. Tendrá el Congreso que decidir, solo y sin ayuda del tribunal, qué hace con el pedido de la fiscal de la nación. Lo que queda meridianamente claro es que esta decisión no tendrá un consenso jurídico y mucho menos será rápida.

Por otro lado, la semana de representación del Congreso puso en evidencia el “estancamiento” –por calificarlo de alguna manera– de la nueva moción de vacancia contra el presidente. Si bien esta tiene más firmas que ninguna de las predecesoras, los promotores han dado tal nivel de importancia a la recolección de firmas que, sin darse cuenta, han frustrado incluso su presentación y debate. No llegarán a tener 87 firmas, porque es muy poco probable que lleguen a 87 votos, al menos no en el cortísimo plazo.

Esto no quiere decir que la crisis acabó, solo ha ingresado a un breve espacio de latencia. No sé si será el suficiente, pero hay que aprovecharlo. La estridencia y exaltación de los actores enfrentados en esta crisis ensordece y sobre todo silencia otras voces, más reflexivas. Este breve espacio puede permitirnos pensar un poco más hacia dónde estamos yendo como sociedad, como país. Qué vías de solución democrática pueden encontrarse a este entrampamiento.

La última encuesta de IPSOS debería analizarse con cuidado. Si bien hay un número mayoritario de personas que prefiere un adelanto de elecciones (44%) frente a la permanencia en el cargo tanto del presidente como del Congreso (27%), esa salida está aún lejos de ser una que genere el consenso ciudadano. Lo realmente revelador de esa encuesta es que el 56% de peruanas y peruanos preferirían que el Congreso busque algún tipo de entendimiento con el presidente antes que perseguir a toda costa su destitución. Ambas respuestas debieran analizarse de manera conjunta. Más que una posible solución en abstracto, lo que la ciudadanía parece pedir es un mecanismo de construcción de esa salida: el diálogo.

La visita del grupo de alto nivel de la OEA puede ser un primer paso para ese diálogo. Pero requiere condiciones mínimas. Una actitud reflexiva de los actores involucrados en la crisis y la apertura del espacio. Como ha señalado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un diálogo como este necesita que las voces de la sociedad civil organizada también sean escuchadas.